En Colombia, la legislación sobre Utilidad Pública, creada para proporcionar beneficios de excarcelación a mujeres encarceladas por delitos menores, como el tráfico de drogas a pequeña escala, ha sido elogiada como un avance hacia la justicia social. No obstante, para muchas de las personas beneficiadas, salir de la cárcel no representa una auténtica liberación. Los desafíos económicos, sociales y legales que encuentran al reincorporarse a la sociedad demuestran que la excarcelación, aunque imprescindible, es solo el comienzo de un extenso y difícil recorrido hacia la reintegración.
La Ley de Utilidad Pública: una oportunidad con restricciones
La Ley de Utilidad Pública: una oportunidad con limitaciones
Aunque la ley supone un progreso al permitir que las beneficiarias obtengan su libertad antes de cumplir toda su sentencia, las restricciones prácticas de este beneficio son claras. Al salir de prisión, estas mujeres se enfrentan a un entorno adverso: la carencia de apoyo gubernamental, la discriminación social, las dificultades para acceder a empleos formales y el estigma relacionado con su historial delictivo.
Si bien la ley representa un avance al permitir que las beneficiarias recuperen su libertad antes de cumplir la totalidad de su condena, las limitaciones prácticas de este beneficio son evidentes. Una vez fuera de prisión, estas mujeres se enfrentan a un panorama hostil: la falta de apoyo estatal, la discriminación social, la dificultad para acceder a empleos formales y el estigma asociado a su pasado delictivo.
Estigma y discriminación: el peso de un pasado judicial
Para las mujeres excarceladas, el proceso de reintegración social está marcado por el rechazo que enfrentan en sus comunidades y los prejuicios que las acompañan. Aunque han cumplido con su condena o han sido beneficiarias de la ley, son vistas con desconfianza y catalogadas como delincuentes reincidentes, sin importar las circunstancias que las llevaron a cometer el delito.
A esto se añade que muchas de estas mujeres son madres y las principales proveedoras de sus familias. Su regreso a casa conlleva una lucha constante para sostener a sus seres queridos, a menudo sin contar con el apoyo necesario para cubrir necesidades esenciales como vivienda, alimentación y educación para sus hijos.
Carencia de programas de apoyo y políticas públicas
Falta de programas de apoyo y políticas públicas
Por ejemplo, las mujeres que salen de prisión rara vez tienen acceso a programas de capacitación laboral o formación educativa que les permitan reconstruir su vida en libertad. Tampoco reciben apoyo psicológico para afrontar el estrés y la ansiedad resultantes de su tiempo en prisión y de los desafíos que representa reintegrarse a una sociedad que las rechaza.
Del mismo modo, los programas de apoyo familiar y comunitario son prácticamente inexistentes. Esto deja a muchas excarceladas en una situación de aislamiento, incrementando el riesgo de reincidencia y perpetuando el ciclo de pobreza y exclusión social que inicialmente las condujo al delito.
La urgencia de un enfoque integral
La necesidad de un enfoque integral
La Ley de Utilidad Pública, aunque bien intencionada, demuestra que la excarcelación no es suficiente para garantizar una verdadera reintegración social. Para que estas mujeres puedan reconstruir sus vidas, es necesario adoptar un enfoque integral que aborde las raíces del problema.
Esto incluye la implementación de políticas públicas que ofrezcan apoyo educativo, psicológico y laboral a las beneficiarias, así como campañas de sensibilización para combatir el estigma y la discriminación. Además, se requiere una mayor coordinación entre las instituciones del Estado y las organizaciones de la sociedad civil para garantizar que las excarceladas tengan acceso a recursos y oportunidades que les permitan romper con el ciclo de exclusión.