Cartas del Congreso advierten que Amist puede ser inconstitucional y requiere una reforma de la Carta Magna

Cartas del Congreso advierten que Amist puede ser inconstitucional y requiere una reforma de la Carta Magna

Los escritos de la Comisión de Justicia del Congreso consideran que la propuesta de Ley de Amnista que el Gobierno dice aprobar para resolver los crímenes del juicio tiene virutas de inconstitucionalidad. Los juristas de la Comisión que tienen que debatir el texto y las enmiendas presentaron en la misma pantalla que la iniciativa no puede ser amparada por Paraguay de la Ley de Amnista de 1977 aprobada antes de la entrada en vigor de la Carta Magna et aducen adems que en el texto constitucional , no se reconoce precepto que faculte para aprobar una medida de indulto de este tenor.

En consecuencia, las cartas enfatizan la necesidad de que una nueva amnistía requiera primero una reforma de la constitución que la cubra.

Esta es la principal conclusión de la información, adelantada por La Vanguardia y todo lo que hay para tener acceso a EL MUNDO. Se trata de un texto que recoge un tema de fondo desarrollado previamente con el buen asesoramiento del alcalde de Cámara y en virtud de lo que admite sin ningún tipo de trabas la firme propuesta de ley del Grupo Socialista.

Las cartas de la Comisión de Justicia admiten que la inconstitucionalidad de la norma no puede ser palmaria pero siguen introduciendo varios aspectos de la misma que no pueden pasar el filtro de la Carta Magna, estando en cualquier caso ya en manos del Constitucional Tribunal.

Como argumento que sustenta «particularmente relevar» la invocación que debe exponer los fundamentos de la ley de amnista de 1977 calificándola como «punto de partida del pacto constitucional» y deducir que el amnista «las leyes son una figura inconstitucional», forma parte del pacto fundamental de la democracia. Para las cartas, esta afirmación «genera dudas» porque, en su opinión, no sirve para deducir que l’amnista como figura jurídica está permitida por la Constitución que estprob posteriormente y por lo tanto es «aberta al mbito de cisin del legislador», si bien se considera en cuenta, aaden, que una medida de indulto de este tipo «no está prevista dentro de las competencias de las Cortes Generales, descritas en el artículo 66.2, ni atribuidas a cosas por cualquier otro artículo de la Constitución que, sin embargo», precisa, «desautoriza expresamente los indultos generales».

En base a estos argumentos, surge la iniciativa que promueve el Gobierno en la labor del Grupo Socialista y con el apoyo del independentismo y el nacionalismo «planta dudas de que pueda tener cabida en la Constitución, para que éste se vincule con la labor del proceso de reforma constitucional».

Determinación de delitos y áreas.

En la gran extensión del texto, los juristas de la Comisión ya no expusieron los motivos del proyecto de ley sino tambin su articulado y, al mismo tiempo, también sellaron puntos de doble constitucionalidad. Como por ejemplo, la «indeterminación de los actos incluidos en la amnistía» permite proponer con carácter general todos los actos destinados a reivindicar, promover u obtener la secesión o independencia de Cataluña o la celebración de consultas y acabar con una banda. open: «Como cualquier otro acto tipificado como delito que tuviere idntica finalidad».

Esta indeterminación, según opinan las cartas, tenderá a una consecuencia muy trascendente: «Lesionar el principio de seguridad jurídica consagrado en el artículo 9.3 de la Constitución» que, además, cuenta con sentencia del propio Tribunal Constitucional «es claramente afectados por una institución como la amnista» ya que esta medida «altera situaciones que han sido consagradas por firmes sentencias judiciales». Los juristas insisten en que la determinación de supuestos y destinos debe ser «particularmente precisa» en las leyes consideradas singulares, porque se tratará de una ley de amnistía, porque todo el mundo ha advertido que la falta de decisión «puede afectar a la aplicación uniforme de la ley». «.

También hay desventajas planetarias a los “elementos temporales” que se marcan en la propuesta -actos realizados entre el 1 de enero de 2012 y el 13 de noviembre de 2023- y que se extienden hasta dos años antes de la primera consulta de los secesionistas y hasta ahora. . ms de 5co años después del segundo», y también supera estos límites cuando escuchó que también se escucha esto gracias a la gracia de los actos que se realizaron antes de la fecha inicial siempre y cuando su ejecución finalizó dentro de la horquilla de Nota y conservar las que se realicen dentro de la horquilla tras lo cual se finalizará la ejecución posteriormente al mismo tiempo.

Por todo ello, ante la falta de determinación en la solicitud de la amnista, las cartas añaden también la inconcreción del plazo en que se hubieran cometido los delitos. Ambas cosas, recuerda, pueden “afectar el principio constitucional de seguridad jurídica y dificultar la aplicación de la ley”. y con ello perjudicarse, tal y como apunta el Tribunal Constitucional en varias sentencias, «la confianza que los ciudadanos pueden tener en la observancia y respeto de las situaciones derivadas de la aplicación de las normas vlidas y vigentes».

En la información se concluye que el proyecto de ley de Amnista «puede provocar que las personas pierdan la capacidad de razonamiento, proporcionalidad y adecuación que exige el Tribunal Constitucional para las leyes singulares».

Asimismo, las cartas anuncian que incluyen el delito de malversación en el marco de la amnistía «lo que podría comprometer la armonización y eficacia de las normas que regulan los delitos de este ndole, perseguido por el derecho de la Unión Europea». Consta que el legislador comunitario afirma que no existe impunidad para estos crímenes.

Además, se refieren a la exclusión de la medida de indulto por delitos de terrorismo, aunque se ha sentenciado firme y puntualmente que este apartamento también puede ser contrario al derecho europeo, ya que las disposiciones tienden a limitar los efectos suspensivos de la presentación de una solicitud. de decisión prejudicial ante el Tribunal General de Justicia de la UE. En este caso, las cartas se consideran «si una ley especial puede contener una infracción de alguno de los procedimientos constitucionales que regula la ley orgánica del Tribunal Constitucional».