Colombia avanza en un plan de largo plazo que incorpora los derechos humanos en las políticas públicas, la inversión y la vida diaria, estableciendo metas para 2036 y una ejecución gradual que articula dimensiones sociales, económicas y territoriales. La iniciativa, aún en proceso de consulta, pretende guiar a las instituciones y al sector privado hacia estándares más exigentes de debida diligencia, acceso a servicios y participación de las comunidades.
Finalidad y dimensión de un plan proyectado hacia 2036
El Gobierno encabezado por el presidente Gustavo Petro promueve un Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos con una vigencia estimada hasta 2036, concebido como un marco integral que pretende consolidarse en referencia esencial para las entidades estatales, el sector empresarial y diversos actores sociales al definir decisiones, distribuir recursos y valorar impactos. Este documento, presentado en un borrador de decreto dividido en diez capítulos y acompañado por un texto técnico de 146 páginas, busca coordinar principios, metas verificables y sistemas de seguimiento que garanticen su continuidad más allá de los ciclos políticos.
Esta iniciativa se concibe como una política de Estado y no únicamente de gobierno. Por ello, plantea instrumentos transversales que alcancen sectores clave —infraestructura, minería, hidrocarburos, salud, educación y tierras— y promueve que los estándares de derechos humanos funcionen como criterios de diseño, operación y control, no como anexos posteriores. La intención es que, durante la década siguiente, el país avance desde declaraciones normativas hacia prácticas verificables, con énfasis en la protección de poblaciones vulnerables y en la prevención de conflictos socioambientales.
Arquitectura normativa y etapas de implementación
El andamiaje planteado se sustenta en un decreto que establece el marco habilitante y en un plan técnico que detalla metas, acciones e indicadores. Su puesta en marcha se concibe por etapas: una primera fase de ajuste y diálogo; un periodo de ejecución territorial con pilotos en zonas priorizadas; y un momento de consolidación que incluye metas intermedias, auditorías y circulación de aprendizajes. Así, se busca impedir que el plan permanezca solo en el papel y, en su lugar, se articule con presupuestos, calendarios y obligaciones definidas.
Un componente esencial consiste en crear o consolidar espacios de coordinación intersectorial que integren a ministerios, organismos reguladores, entidades de control y actores de la sociedad civil, mientras que, en el ámbito territorial, se plantea articular el plan con los instrumentos ya vigentes —planes de desarrollo, ordenamiento territorial, estrategias de paz total— para evitar duplicidades y garantizar, sobre todo, que las prioridades locales influyan en la distribución de los recursos nacionales.
Disposiciones de derechos humanos aplicadas a iniciativas estratégicas
Uno de los frentes más notorios es la inclusión de cláusulas obligatorias sobre derechos humanos en grandes proyectos de infraestructura, minería y de hidrocarburos. Dichas medidas abarcarían todo el proceso, desde la planeación y el otorgamiento de licencias hasta la contratación, la ejecución y el cierre. La intención es dejar atrás evaluaciones sólo técnicas y avanzar hacia modelos de debida diligencia que integren riesgos sociales y ambientales, incorporen protocolos de consulta y participación informada, ofrezcan mecanismos accesibles de quejas, garanticen una reparación adecuada y presenten reportes públicos de manera periódica.
Para los licenciamientos y concesiones, el plan sugiere exigir matrices de riesgos diferenciales —con enfoque étnico, de género, niñez y discapacidad— y planes de mitigación verificables por terceros. En la contratación pública y alianzas público-privadas, propone condiciones de cumplimiento vinculadas a prácticas laborales dignas, seguridad en el trabajo, respeto por el territorio y preservación de fuentes hídricas. En etapas de cierre o abandono de proyectos, se enfatiza la restauración ambiental, la reconversión económica local y la transparencia de datos.
Tierras, restitución y seguridad jurídica con enfoque de derechos
El acceso, uso y restitución de tierras aparece como otra prioridad. El plan articula metas para acelerar la formalización de la propiedad rural, fortalecer los procesos de restitución y consolidar mecanismos de resolución de disputas que reduzcan la conflictividad y protejan a comunidades campesinas, étnicas y afrodescendientes. La perspectiva de derechos implica garantizar seguridad jurídica, priorizar a víctimas del despojo, y promover modelos productivos sostenibles que equilibren desarrollo económico y cuidado del territorio.
Se contempla, además, asistencia técnica para proyectos agroecológicos, incentivos a prácticas de conservación y vínculos más sólidos entre catastro multipropósito y políticas sociales. El objetivo es que la política de tierras no se limite a títulos, sino que asegure condiciones reales para el arraigo, la productividad y la protección del ambiente.
La salud y la educación se consolidan como pilares esenciales para garantizar derechos reales
El plan sitúa a la salud y la educación como el eje central de los derechos habilitantes. En materia de salud, se impulsan objetivos orientados a ampliar la cobertura en todo el territorio, reforzar la atención primaria y establecer rutas específicas para mujeres, niñas y comunidades rurales dispersas. Asimismo, se contempla robustecer los mecanismos de alerta temprana frente a violencias de género y potenciar la atención en salud mental mediante equipos móviles y una coordinación estrecha con los sistemas de justicia y protección social. En el ámbito educativo, la propuesta busca cerrar brechas a través de infraestructura escolar adecuada, programas continuos de capacitación docente, mayor conectividad y contenidos que incorporen la cultura de derechos humanos, la memoria y la participación ciudadana.
La calidad ocupa un lugar central: se proponen evaluaciones con enfoque de equidad, acompañamiento a escuelas en contextos de alta vulnerabilidad y alianzas con instituciones de educación superior para investigación aplicada, prácticas profesionales y observatorios regionales que midan avances de manera transparente.
Diligencia debida en los negocios y una regulación sensata
El sector privado desempeña un papel decisivo para asegurar que la ruta propuesta se mantenga sostenible, por lo que el plan promueve la implementación de políticas empresariales en materia de derechos humanos, la realización de procesos de debida diligencia y la elaboración de reportes no financieros acordes con estándares internacionales; para las pymes, se plantea un avance progresivo que considere herramientas de autoevaluación, formación y apoyo técnico, mientras que a las grandes compañías se les prevé contar con sistemas sólidos de gestión de riesgos, mecanismos de supervisión autónoma y un diálogo continuo con las comunidades.
La regulación, por su parte, busca ser “inteligente”: clara en obligaciones, proporcionada al tamaño y al riesgo de cada actividad, y enfocada en resultados verificables. El énfasis está en prevenir y corregir antes que sancionar a posteriori, sin renunciar a consecuencias efectivas frente a incumplimientos graves o reincidentes. La interoperabilidad de plataformas públicas permitirá cruzar información de licencias, inspecciones y quejas para priorizar la supervisión donde más se necesita.
Enfoque territorial, participación y control social
La estrategia reconoce las diferencias regionales de Colombia y, por ello, sugiere diseñar hojas de ruta para cada territorio con objetivos y recursos claramente definidos, elaboradas a través de procesos participativos que involucren a autoridades locales, organizaciones sociales, pueblos étnicos, mujeres, jóvenes y el sector productivo. La participación va más allá de una simple consulta, ya que se propone integrar consejos ciudadanos, veedurías y observatorios comunitarios con verdadera capacidad de influencia y seguimiento.
Para reforzar el control social, el plan impulsa portales de datos abiertos que difunden información sobre avances, presupuestos ejecutados, indicadores de impacto y el grado de cumplimiento de los compromisos; del mismo modo, fomenta la capacitación de liderazgos locales en metodologías de monitoreo, gestión de conflictos y procesos de concertación, prestando especial atención a la protección de personas defensoras de derechos humanos.
Métricas, claridad informativa y responsabilidad pública
La medición del progreso se apoyará en un conjunto de indicadores que combinen resultados, procesos y percepciones. Entre ellos: acceso a servicios básicos, disminución de brechas educativas y de salud, tiempos de restitución y formalización de tierras, niveles de participación efectiva en proyectos estratégicos, reducción de conflictos socioambientales y eficacia de mecanismos de quejas y reparación. La publicación periódica de estos indicadores —acompañada de auditorías internas y externas— busca dar certidumbre a la ciudadanía y orientar la corrección de rumbo cuando sea necesario.
Se contempla también una revisión a mitad del periodo que posibilite redefinir objetivos, modificar estrategias y redistribuir recursos, una instancia intermedia esencial para garantizar que el plan siga siendo pertinente frente a cambios en los contextos económicos, climáticos o sociales.
Articulación con paz total, clima y transición energética
La ruta en derechos humanos se articula con la política de paz total y con la agenda climática, mientras que la prevención de violencias, el reemplazo de economías ilícitas, la salvaguarda de líderes comunitarios y la garantía de presencia estatal en territorios históricamente excluidos se configuran como elementos que el plan incorpora para posibilitar el ejercicio integral de los derechos. En el ámbito ambiental, se plantean instrumentos para valorar impactos acumulativos, preservar ecosistemas estratégicos y asegurar que la transición energética avance con justicia social, trabajo digno y participación plenamente informada.
Los proyectos de energías renovables, por ejemplo, deberán integrar análisis de riesgo social, medidas de protección para las comunidades y mecanismos de reparto equitativo de beneficios, buscando que la descarbonización no prolongue desigualdades, sino que se transforme en una ocasión para un desarrollo verdaderamente inclusivo.
Financiación, capacidades y sostenibilidad en el tiempo
Para que el plan sea operativo, requiere una estructura financiera que combine presupuesto público, cooperación internacional y, cuando proceda, aportes del sector privado bajo reglas claras. El documento plantea mecanismos de programación plurianual, priorización de inversiones y coordinación con marcos fiscales de mediano plazo. En paralelo, se contempla el fortalecimiento de capacidades estatales: formación técnica, dotación de equipos, mejora de sistemas de información y profesionalización de equipos en territorios.
La sostenibilidad también depende de institucionalizar prácticas: manuales, guías, protocolos y convenios que trasciendan gobiernos. La idea es reducir la dependencia de voluntades coyunturales y consolidar una cultura de derechos humanos que se refleje en la gestión cotidiana.
Una política de Estado que avanza en un proceso de desarrollo abierto
Aunque el plan está en fase de consultas y puede recibir ajustes, su espíritu es claro: construir una política de Estado que convierta los derechos humanos en eje rector de la acción pública y privada durante la próxima década. El proceso de participación —con mesas técnicas, aportes académicos y comentarios de comunidades— será decisivo para legitimar prioridades y asegurar que los instrumentos respondan a realidades locales.
Si consigue reunir a instituciones, empresas y ciudadanía en torno a objetivos compartidos y medibles, esta hoja de ruta podría convertirse en un punto de quiebre en la forma en que Colombia organiza, destina recursos y revisa su desarrollo; más que un simple compendio de buenas intenciones, busca funcionar como un instrumento real para reducir desigualdades, anticipar tensiones y asegurar que el progreso avance junto con la dignidad humana.