Supone una cifra «muy significativa» que podra superar las 200.000 personas, segn ngel Gabilondo, que reclama un fondo estatal para indemnizar a las vctimas
El Defensor del Pueblo, ngel Gabilondo, ha entregado a las Cortes Generales -el da 2 se har lo propio con el Gobierno- el informe sobre los abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia Catlica a menores de edad. En la presentacin del mismo ante la prensa, Gabilondo ha clamado en favor de la reparacin de las vctimas, muchas de las cuales, ha asegurado han visto «su vida devastada».
La encuesta que acompaa al documento, realizada por Gad3 entre 8.000 personas, arroja un resultado demoledor: el 0,6% de la poblacin mayor de 18 aos asegura haber sido vctima de abusos sexuales por parte de un sacerdote o religioso. Ello supone aproximadamente una cifra «muy significativa» que podra superar las 200.000 personas.
Gabilondo ha explicado que no todos los estamentos y organizaciones religiosas han cooperado en la misma medida pero ha insistido en que s considera que se han dado cuenta de que «el mayor escndalo sera no colaborar». La mayora ha optado por elaborar procedimientos de prevencin pero han mostrado ms reticencias a la hora de aportar informacin sobre los casos sucedidos. l confa en que se ha producido un cambio de actitud en la Iglesia e insiste en que «las vctimas no pueden esperar ms». La unidad de investigacin sobre los abusos ha entrevistado personalmente a 457 vctimas que han proporcionado su testimonio.
En este sentido, el informe del Defensor del Pueblo plantea la creacin de un fondo estatal para cubrir las indemnizaciones que corresponden a las vctimas. En ese fondo, la Iglesia debera aportar una contribucin significativa. «Es inevitable que la Iglesia colabore», ha asegurado Gabilondo, quien ha dejado la aprobacin y articulacin del fondo en manos del Parlamento. El Defensor tambin plantea la celebracin de un gran acto pblico de reconocimiento a las vctimas y pide a la Iglesia que permita el acceso a los datos que se incluyen en sus archivos as como la posibilidad de que se proceda a una reforma del Derecho cannico.
«Hubo silencio»
ngel Gabilondo ha insistido en que el drama de los abusos «ha sido posible porque hubo silencio por parte de quienes pudieron evitarlo y no lo hicieron». «Este informe», ha aadido, «responde a lo que las vctimas quieren, ellos son el sentido primero, central y ltimo del mismo. Ellas quieren ser escuchadas y atendidas».
«Hemos conocido», ha explicado, «el sentimiento de soledad de muchas personas que han sufrido la victimizacin secundaria por la respuesta de la Iglesia, de la sociedad y de la propia Justicia».
El Defensor del Pueblo ha asegurado que la unidad de accin que ha investigado este asunto no pretenda hacer una estimacin del nmero de vctimas y ha apuntado que muchas han optado por el silencio voluntario o han desaparecido ya. El informe no pretende dictar lo que ha de hacerse, pero ofrece conclusiones y recomendaciones para la adopcin de decisiones y medidas para afrontar el «impacto devastador que los abusos han tenido en la vida de personas concretas».
Gabilondo ha insistido adems en la necesidad de establecer un procedimiento administrativo, especfico, que asegure el derecho a la Justicia de las vctimas, de modo que una autoridad independiente declare que un hecho ha tenido lugar, que es injusto y que ha causado un dao que no tendra por qu soportar.
La encuesta realizada por Gad3 y que se adjunta al informe seala que un 72% de los espaoles considera que el abuso sexual infantil es un problema social muy grave y el 24% lo considera bastante grave y la tasa de personas del total de la poblacin que dice haber sufrido por parte de un sacerdote es del 0,6% y un 1,3% en el mbito religioso.
