El presidente Gustavo Petro ofreció una alocución nacional en la que abordó dos de los pilares de su agenda gubernamental: la salud y la educación. Durante su intervención, hizo un balance de su gestión en ambos sectores y presentó nuevas medidas con las que busca avanzar en sus reformas estructurales, pese a los obstáculos legislativos que han frenado su implementación en el Congreso.
En el caso de la salud, el mandatario reiteró su crítica al modelo de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), al que calificó de ineficiente, corrupto y financieramente insostenible. Citó datos de la Contraloría General según los cuales 29 EPS acumulan deudas que superan los 30 billones de pesos, con apenas seis entidades cumpliendo los requisitos mínimos de solvencia. Según el presidente, este déficit no solo pone en riesgo la sostenibilidad del sistema, sino que afecta directamente la calidad de la atención que reciben los ciudadanos.
Con este contexto, Petro comunicó que su administración procederá con la reforma del sistema de salud a través de un decreto que incorpora muchos de los elementos de la reforma fallida que no se aprobó en el Congreso. La regulación vigente suprime la función de aseguramiento de las EPS y sugiere su transformación en Gestoras de Salud y Vida, organizaciones que no manejarán recursos y deberán enfocarse en coordinar servicios y apoyar a los pacientes.
Uno de los puntos centrales de la propuesta es la creación de los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS), que estarán distribuidos territorialmente y operarán bajo un enfoque preventivo y comunitario. El presidente defendió que esta transformación se enmarca dentro del Plan Nacional de Desarrollo y que cuenta con respaldo legal para su ejecución, aunque sectores de la oposición y algunos constitucionalistas han advertido que podría vulnerar el principio de separación de poderes y el rol deliberativo del Congreso.
Durante su discurso, Petro no escatimó en críticas hacia sectores privados del sistema de salud, particularmente contra grupos empresariales extranjeros que, según él, han lucrado con recursos públicos a costa de la salud de los colombianos. Las acusaciones más fuertes estuvieron dirigidas a una reconocida EPS de capital extranjero, a la que señaló de operar bajo esquemas que consideró delictivos. Estas declaraciones desataron fuertes reacciones por parte del gremio de la salud, que negó las acusaciones y advirtió sobre una posible politización del debate sanitario.
En el ámbito de la educación, el mandatario subrayó el incremento en el acceso a la educación pública universitaria, informando sobre la generación de 155 mil nuevas plazas en las universidades. Declaró que su administración se ha comprometido firmemente a reforzar la educación pública gratuita y de excelencia, y rechazó la opción de utilizar fondos del Estado para subvencionar matrículas en universidades privadas, decisión que argumentó basada en la urgencia de fortalecer el sistema estatal.
Petro también se refirió a exministros de Educación de su propio gobierno, señalando que algunos no compartieron la visión progresista que, según dijo, orienta su proyecto. Esta autocrítica dejó entrever tensiones internas dentro del Ejecutivo, pero reafirmó su compromiso con la gratuidad educativa como una política estructural para reducir la desigualdad social.
Las respuestas a la alocución llegaron rápidamente. Representantes de las EPS y especialistas en salud pública describieron las declaraciones del presidente como inexactas y sostuvieron que el auténtico problema del sistema se debe a un déficit estructural en el financiamiento, más que a corrupción. Además, señalaron que las modificaciones sugeridas podrían provocar un colapso operativo si no se ejecutan con una planificación apropiada.
En el escenario político, los grupos opositores expresaron inquietud por el enfoque unilateral adoptado por el gobierno respecto a las reformas, particularmente en un contexto de división y fragilidad de la coalición gobernante en el Congreso. No obstante, el Ejecutivo defiende que actuar mediante decretos es una respuesta justificada frente a la parálisis institucional y la necesidad apremiante de abordar las demandas de millones de personas.
La intervención de Gustavo Petro representa un momento de cambio en su administración. Ante la dificultad de progresar en el Congreso, el mandatario decide ejercer un liderazgo directo desde el Ejecutivo, enfocándose en iniciativas de gran repercusión que pretenden influir significativamente en los sectores sociales más vulnerables. Habrá que observar si su táctica conseguirá afianzarse sin generar nuevas divisiones en el balance de poderes y en el sistema democrático de Colombia.