Recuperando personas del cortijo con discapacitados en la Quinta de Olivos

El mes de mayo 29 para la casa varios sectores vinculados al sector de carencia realizan una marcha federal en distintos puntos del país en oposición a un DNU que, a juicio, busca desregularizar la actividad y garantizar los beneficios de salud que actualmente reciben las personas con RUMIA (Certificado Único de Discapacidad).

Familiares, representantes institucionales, organizaciones sectoriales y personas con discapacidad viajan a diferentes provincias para conocer la demanda. El centro de la convocatoria masiva se está moviendo hacia el frente en el Quinta de Olivos, en la zona norte del Conurbano, donde existe una pequeña superficie. Otros puntos de viaje fueron en Rosario, San Miguel de Tucumán, varias localidades de Córdoba, Mendoza, San Juan y Salta. El control central es no publicación del decreto que precariza e implementa la actividad.

La semana pasada, el Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas Disciplinadas y sus organizaciones realizaron una conferencia de prensa donde declaró varios puntos importantes en relación al texto del decreto que circuló el 10 de mayo y su impacto en el mismo. beneficios de la salud.

Protestamos contra el DNU.

Aunque el sector lleva varios años afectado, la crisis se ha agravado en los últimos meses. Durante el último año, la Federación Argentina de Transportistas de Personas con Movilidad Reducida, que ha capacitado a 30.000 personas en todo el país, ha realizado una serie de actividades exigiendo la actualización del recorrido a recorrer por km. Este mes se fija, con otras categorías que regulan el marco básico de prestaciones, en el nomenclatura de deficiencias regulada por la ley 24.901. Esto significa que el valor del millaje fue de $272. Según el referente del sector, no se concede ninguna autorización para los aumentos de combustible que se aplican desde principios de año. Actualmente, tras la última actualización de resolución de abril, el km recorrido cuesta $450,53.

Hacia fino de enero hubo otro movimiento, dentro del AMBA, que convocó a los manifestantes en el Quinta de Olivos con el objetivo de ingresar a presentar una petición dirigida al Presidente Javier Milei. Los integrantes del Foro Permanente aseguran que el documento contiene “todos los puntos que son necesarios para resolver efectivamente los servicios y beneficios para personas con discapacidad”.

En línea con el ajuste provocado en el sector, a las multas de febrero, 135 empleados de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) fueron perjudicados en el marco de la ola de despidos a trabajadores estatales. El 29 de marzo, hasta 163 nuevos hombres, había 298 personas separadas de sus puestos de trabajo. Muchas personas desfavorecidas son personas discapacitadas que han adquirido las capacidades necesarias para desempeñar sus tareas en la agencia.

En mayo, la zona para discapacitados no se convirtió en «estado de emergencia» en “peregrino de la extinción”, según referencias del sector. El proyecto de decreto confirmado por el nuevo titular de la Agencia Nacional de Movilidad, Dr. Diego Spagnuolo, provocó la quiebra del actual sistema que permitía el acceso a la cobertura social a todas las personas con discapacidad. condiciones ideales.

El decreto regularidad el Sistema Único de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de Personas con Discapacidad. Esto implica que debe existir un nomenclador único, lo que sucede hace 25 años. Para concretar la medida, se pasa a los aranceles del PAMI, Incluir Salud y otros de la Superintendencia de Servicios de Salud. Actualmente, las personas con discapacidad acceden a los mismos servicios independientemente de la cobertura sanitaria que se ofrezca por vía pública o privada.

Solicitud de sectores de discapacidad.Solicitud de sectores de discapacidad.

Esto implica la precariedad de prestaciones y del sistema en general, si cada organismo financiero público nacional del sistema de prestaciones se mantiene por cuenta de los arances para cada prestación, el Director que ejerce esta obligación por el Decreto 1193/98 ya no se ocupa de esta tarea ni del Cumplimiento Se aceptarán como proveedores del sistema aquellas empresas con requisitos legales y recursos humanos. Se trata de un retroceso en un diario histórico fundamental: las personas con discapacidad deben estar atentas a los servicios categorizados por el estado o por profesionales registrados en la Superintendencia de Servicios de Salud sin importar su situación económica ni su cobertura de salud.

Hay otros problemas concretos con esta decisión política regresiva: estas limitaciones, como es el caso de los centros de día, centros educativos terapéuticos, casas, residencias, entre otros, “no hay un momento o inexistente”. oferta publica“, declaró Pablo Molero, coordinador del Foro. Según fuentes de la Unión Argentina de Salud (UAS), la estimación de desafiliación de preparados, para el mes de marzo, se situó entre el 12% y el 15%, aptos para clientes de potenciales usuarios del sistema público.

María Casal es directora de la Fundación Oftalmológica Hugo D. Nano desde 1992. Esta Organización No Gubernamental trabaja en prevención y rehabilitación de cegueras y forma parte de la Federación Argentina de Organizaciones sin fines de lucro de y para Personas con Discapacidad (FEDEDIS). Casal asegura que “la nomenclatura garantiza el acceso al servicio sanitario”. El titular de esta Fundación asegura que Marco Basico tiene múltiples virtudes: justo como accesibilidad, conceptualización y definición de servicios y constituye un elemento de seguridad y consistencia del sistema.

“Esto también forma parte del déficit cero. Creo que debo hacer cambios sin abandonar la esencia del sistema actual que es el equilibrio en el acceso”, afirma Casal. Agrega que, si bien las demoras que existen desde hace varios años están entre 90 y 120 días, “la actualización que fue particularmente Sentido tras el salto incendiario de diciembre. Esto también manifiesta una preocupación en cuanto a la relación con lo posible”. disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) porque el sistema actual depende de la agencia estatal.

Documento entregado a Senadores.Documento entregado a Senadores.

El director sabe que ingresó un documento el 24 de mayo en el Congreso, tanto a Diputados como a Senadores. El texto que ingresó a la Cámara Alta cayó en uno de sus párrafos finales: “Aprovechando la oportunidad del presente, también nos manifestaremos en Uds. Nuestra gran preocupación por el establecimiento del art. 3 y 6 del proyecto de convocatoria de las Bases de Ley, las cuatro facultades delegadas al PEN para la disolución, modificación e intervención de los órganos del Estado nacional. Y esto, aunado a lo expresado anteriormente sobre el proyecto de decreto, entendemos que estamos serialmente vinculados a la Agencia Nacional de la Discapacidad, su estructura y funciones, que extienden la atención, responsabilidad y acceso a los servicios a parte de una clase vulnerable como sus personas con discapacidad. Por tanto, necesitamos que la agencia quede excluida de la aplicación de los demás artículos”.

Casal asegura que el actual director de ANDIS no dialoga con las instituciones porque “no acepta reuniones que las soliciten”. Daniel Arroyo (UxP), quien encabezó la Comisión de Discapacidad del Congreso, dijo durante la jornada electoral que las nuevas autoridades de la ANDIS acordaron una reunión para continuar el debate sobre este tema. “La universalidad consistirá en garantizar el acceso y la calidad de los servicios en idénticas condiciones en todo el territorio nacional, y sobre la base del principio de no discriminación por razón de discapacidad”, afirmó Arroyo. A la postura de Arroyo adhirieron la diputada Natalia de la Sota (HCF), la diputada Natalia Sarapura (UCR) y el congresista Gerardo Huesen (LLA). La iniciativa pertenece a la diputada Victoria Borrego (CC) quien estableció «la actualización automática de la nomenclatura de funciones básicas para personas con discapacidad», luego fue analizada en una reunión de abogados. Finalmente hay un proyecto de resolución, presentado por el diputado Eduardo Valdés (UxP) que pide al PEN avanzar en la desregulación.